El infierno de los maras

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Por Pablo Ferri  y 

El incendio en el penal de Comayagua, donde murieron 358 reos y una mujer que estaba de visita conyugal, pone al descubierto que las cárceles hondureñas están abarrotadas de integrantes de la Mara Salvatrucha debido a que, desde 2003, una ley obligó a detener a cualquier sospechoso de pertenecer a estas pandillas.

Un taxista y una periodista mantienen el siguiente diálogo frente a la reja de la entrada del penal hondureño deComayagua, donde han pasado varios días desde que murieron calcinadas 359 personas, el peor incendio en la historia de los penales latinos.

—A mí me dan mil lempiras (seiscientos pesos mexicanos) y yo la mato a usted, ni me lo pienso —dice el taxista, en busca de un cliente a última hora de la tarde.
—Sí, sí —contesto, incrédula.
—Le digo que la mato, que aquí en Honduras así es esto —me vuelve a decir el conductor del taxi, temerario.

No es una broma. Aquí la muerte se instala en lo cotidiano y aparece en cualquier conversación. No en vano, 86 de cada 100 mil habitantes fueron asesinados el año pasado, el país con más homicidios del mundo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

 

En este índice mortífero, muchos de los muertos y sus verdugos son jóvenes, algunos casi niños, que pertenecen a las organizaciones MS 13 y a la MS 18, dos ramas antagónicas de la Mara Salvatrucha, que han venido sobrepoblando las cárceles. Son 12,500 reos hacinados en un sistema carcelario con capacidad para 6,000.

La violencia trasciende la comprensión de los propios hondureños, más cuando el 95 por ciento de estos crímenes quedan impunes, de acuerdo con los últimos datos de la Fiscalía y Medicina Forense local.

La mecha de la realidad se prendió de nuevo con elincendio de Comayagua, una ciudad histórica ubicada a 82 kilómetros de Tegucigalpa, conocida por ser el corazón de Centroamérica y tener el segundo reloj más antiguo del mundo.

La tragedia muestra las cifras negras: el  65 por ciento de la población vive en la pobreza y  la corrupción le cuesta al gobierno más de 12,000 millones de lempiras al año (8,000 millones de pesos).

A unas semanas del incendio, estas son algunas de las historias que sobreviven, donde los integrantes de la Mara Salvatrucha y el drama penitenciario suponen sólo una pequeña parte del caos en este país en constante ebullición.

“Todo se está quemando”

Alberto Mendoza se acuesta todos los días a las diez de la noche. Como si fuera un niño que al día siguiente tiene escuela, puntualmente se queda dormido una vez que se recuesta en su cama, si se le puede decir cama al colchón en el que se acurruca junto a otros 130 presos en la celda cinco del ahora famoso penal de Comayagua. El 14 de febrero hizo exactamente lo mismo. Cenó un poco de arroz, jugó una partida de cartas con sus compañeros y se tiró a dormir en su colchón.

Los gritos de su amigo José Enrique Guevara, en la celda seis, lo despertaron media hora más tarde.

—Beto ayúdanos, estamos encerrados y todo se está quemando, los guardias no nos abren —le imploraba su compañero, a quien conoció el primer día que estuvo en prisión, hace ya seis años, cuando lo encerraron por tráfico de drogas.

Alberto, de 39 años, se unió al coro de gritos. No sabía si estaba soñando al ver el fuego a su alrededor cuando se extendió a su celda. Por más que pedían auxilio, nadie les abría. Los presos se amontonaban frente al portón.

Los más viejos murieron primero. “Olía más a sangre que a humo, siento escalofríos al recordarlo”, nos dice.

Aún sueña con el incendio. Mientras unos se agolpaban en la puerta esperando que algún guardia abriera, otros se subieron a las literas y empezaron a romper el techo a golpes. Así, por un pequeño hueco de menos de  medio metro de ancho, empezaron a salir. Pero las llamas le alcanzaron. Su espalda es ahora un mosaico de carne chamuscada y  tatuajes, un recuerdo de su pasado mara en la MS 18.

Alberto perdió la conciencia un par de minutos. Al despertar preguntó por Enrique, pero escuchó que todos los de la celda seis habían muerto. Allí se originó el fuego. Entre el caos, los intentos de los bomberos por entrar y las llamas que estaban  consumiendo el penal, todo eran rumores: “¡Fue un reo que prendió fuego a un colchón! ¡No, fue un cortocircuito! ¡Dicen que fue un intento de fuga!”. Lo único claro en ese momento para Alberto era que su amigo Enrique había muerto.

Entrenados para matar

El segundo piso del hospital Santa Teresa de Comayagua está lleno de víctimas que en su momento fueron victimarios. Son hombres que hace casi tres semanas rompieron a golpes la puerta y el techo de sus celdas para salvarse de las llamas.

Algunos de ellos eran miembros de las maras que antes del fuego cumplían condenas por asesinato. Su vida, en todos los casos, ha girado alrededor de la violencia. Hoy son pacientes de hospital y sanan las heridas de espalda, brazos y costados. Son siete, y cuatro estuvieron en la Mara antes de prisión. Todos ellos mataron porque era la condición que les imponían para ingresar a la Salvatrucha: ya sea la 13 o la 18. Para ser mara hay que matar.

Las cárceles de Honduras están llenas de integrantes de las maras, como estos pacientes. La reforma al artículo 3-32 del Código Penal en el año 2003, que permite meter a prisión a cualquier persona que pueda pertenecer a una pandilla —por ejemplo, sólo si tienen un tatuaje en el brazo—, provocó que los penales se llenaran de mareros en los últimos diez años.

La llamada “ley Antimaras” causó en su momento la ira de algunos grupos: cada cinco minutos aparecían cuerpos decapitados y desmembrados en las esquinas, relata Héctor Montoya, editor de sucesos del periódico La Prensa. A la larga, dicha reforma logró bajar los índices delictivos durante un tiempo, pero a la vez empujó a las maras a su profesionalización: sus miembros pasaron de simples pandilleros a trabajar para el crimen organizado.

El estereotipo del marero evolucionó. Los hombres dejaron de tatuarse y abandonaron la violencia callejera, convirtiéndose en delincuentes de bajo perfil. Algunos, incluso, empezaron a ir a la universidad, añade Montoya. Estudiaron administración y se prepararon para dirigir un nuevo tipo de organización.

La vieja escuela de las pandillas MS 13 y MS 18 han llenado las cárceles, apuntalando la actual sobrepoblación. Aunque el hacinamiento, no obstante, no ha sido un asunto exclusivo de los mareros. Misael Castro, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, explica  que la “lentitud y la ineficiencia del sistema judicial” —de cada diez expedientes tres han sido judicializados— ha provocado que se abarroten los penales de presos sin condena. Uno de los reos que murió en Comayagua fue condenado el mes pasado a tres años y cuando se le comunicó llevaba interno ya tres años y dos meses. “El sistema no funciona y por lo tanto no persuade a nadie que piense cometer un asesinato”, nos dice el académico.

El centro de Comayagua multiplicaba por cuatro su capacidad cuando se produjo el incendio del 14 de febrero pasado. La situación en San Pedro Sula, una urbe con una tasa de homicidio más alta que Ciudad Juárez, cada vez está peor: aumentó al 320 por ciento de su capacidad, lo mismo que en el penal de Cortés, el de Trujillo, el de Santa Bárbara. El hacinamiento se ha convertido en un verdadero problema para un gobierno que es económicamente incapaz y que dedica el 88 por ciento de su presupuesto de seguridad a sueldos y salarios de los funcionarios.

Comayagua era uno de los “menos vulnerables” entre los veinticuatro centros penitenciarios del país, explica el suspendido Director de Prisiones, Danilo Orellana. Los otros, como el de San Pedro Sula, son una “bomba de tiempo”, han dicho las  propias autoridades. El fuego invadió la prisión de San Pedro en el año 2004, donde murieron 107 mareros y, un año antes, en El Porvenir, una riña entre presos dejó 66 muertos. Las tragedias penitenciarias se vuelven comunes en Honduras.

“Yo era uno de los muertos”

Alberto Mendoza, el preso del módulo cinco, despierta en el hospital un día después del incendio. A su lado están seis de sus compañeros. Los conoce bien a todos. Escucha con sorpresa, ubica  sobre todo al que está al fondo contando chistes con un acento particular: es Enrique, su amigo, a quien daba por muerto.

Fue uno de los cuatro sobrevivientes de la celda seis, donde había 150 reos. Cuando perdió las esperanzas de vivir, un hombre que ya es un mito, El Chaparro, un recluso que hacía las veces de enfermero, tomó un banco y rompió la puerta de la celda. Dos de ellos murieron horas después. Enrique tiene una cicatriz del tamaño de su espalda y la pierna derecha enyesada por saltar desde el techo de otra celda para escapar. Ha recuperado el sentido del humor y le gusta contar su historia una y otra vez, recordando cómo esas cicatrices lo han unido más con Alberto.

Mientras ellos hablan constantemente, Mario —nombre ficticio— se esconde de la prensa y se aleja del resto de los presos. Dormía en la celda diez cuando el humo lo despertó. A escondidas, habla en voz baja y con precaución para que ningún policía o enfermera le escuche. Él también tuvo que golpear el techo hasta romperlo para escapar. Los cuerpos de los demás, que murieroncalcinados, lo protegieron durante un tiempo, pero las llamas lo alcanzaron cuando trató de ayudar a uno de ellos a salir. Ahora su abdomen y su brazo lucen numerosas llagas.

—Al salir creímos que nos iban a matar. Nos abrieron fuego porque los guardias pensaban que nos fugaríamos pero lo único que queríamos era salvarnos. Yo me tiré al suelo porque me estaba quemando.

Con él salieron tres personas más. Alejandro es uno de ellos. Tiene 18 años, llevaba un mes en prisión. Está allí por cargar con 150 lempiras (100 pesos mexicanos) de marihuana. No sabe cuándo obtendrá la libertad. Las Naciones Unidas han informado que de los 856 presos que había en Comayagua antes del incendio, más de la mitad aguardaban juicio o estaban detenidos como supuestos integrantes de los maras. Pero no estaban condenados.

Mario se acaba de enterar que Nery Ricardo Gómez ha muerto. Escapó con él de la celda diez  y se lo habían llevado al Hospital Escuela de Tegucigalpa.

—Éramos muy amigos —nos dice mientras una enfermera recoge los ungüentos para los heridos.

Cada hora entran y salen mujeres con golosinas y galletas donadas por las organizaciones civiles. Los policías que vigilan la entrada a las habitaciones se asoman de vez en cuando para contar:

—Falta uno —dice el oficial.
—Está abajo, lo están enyesando —le explican. El vigilante asiente, sonríe y les desea buen provecho. Los reos saborean el almuerzo que les acaban de traer las enfermeras. “Es mejor aquí la comida que allá”. Uno de ellos mira el diario y entre todos empiezan a especular con teorías sobre el incendio.
—No pudo ser un cortocircuito, en ningún momento se fue la luz —reflexiona  Alejandro.
—¿Y la tesis de la fuga?
—Puede ser, pero no se sabe. Ahí no se cuentan esas cosas. Nosotros nos dimos cuenta de todo cuando era muy tarde.

Desde hace tiempo querían matar al Doctor —un farmacéutico condenado por matar a un español  y por el cual supuestamente se ofrecía una recompensa. Una vez los propios policías lo sacaron de la celda para matarlo pero al final no lo hicieron, esta vez sí— nos cuenta Mario.

Un par de semanas después del incendio los rumores todavía embarullan la tragedia. Los expertos estadounidenses del Buró de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego concluyeron que la causa del incendio fue “accidental”, que el sistema eléctrico no falló y que no encontraron gasolina en el área siniestrada, como apuntaron familiares y sobrevivientes. Sin embargo, la lenta respuesta del gobierno dio pie a la confusión y a la desesperación. La tardanza en la elaboración de una lista oficial de sobrevivientes exasperó a los familiares, hasta el punto de que abrieron las bolsas de los cadáveres para encontrar a los suyos en la morgue de Tegucigalpa. Las listas de vivos y muertos cambiaron constantemente la primera semana.

—Yo era uno de los muertos. Los míos me daba por perdido —sostiene Alberto.

El infierno detrás de la puerta

Mientras Comayagua era una granja “modelo” por su programa de rehabilitación social, San Pedro Sula se distingue desde hace tiempo por la anarquía y la corrupción. Los miembros de la MS 13 y la MS 18 viven aislados del resto de los presos. Cada uno tiene su propio módulo. “Se mataban todo el tiempo, si los volvemos a poner juntos sería peor aún”, apunta Wilmer Danilo Marthell, director de la cárcel. Su penitenciaria es de las más problemáticas de Honduras. Los peseteros, mareros retirados, también tienen una celda aparte. “Cuando estaban juntos siempre aparecía uno nuevo ‘guindado’ (ahorcado de manera que parece un suicidio)”, agrega.

Las cifras  dicen todo: el penal alberga a 2,257 presos en hacinamiento, cuando su  capacidad es de 700. Del total de internos, sólo 791 han sido condenados. Algunos, en prisión preventiva, llevan más de seis años encerrados a pesar de que la ley marca un máximo de dos. Cada celda amontona 320 presos y 200 de ellos duermen en el suelo, con suerte, o parados.

Wilmer Danilo Marthell fue asignado a este penal luego de una riña en la que murieron doce presos en noviembre. Desde entonces está tratando de “cambiar las cosas”. Da más visitas conyugales a los presos a cambio de que “no haya riñas, motines ni muertos”. No funciona del todo, aunque frente a él, los reos digan que sí.

En este penal hace tiempo que la infraestructura colapsó, los muros “están por caerse”, los sistemas de seguridad quedaron obsoletos y los registros se hacen manualmente. Es fácil meter drogas, armas,  “lo que quieras si tienes dinero”, dice un español que lleva seis meses preso por presunto lavado de dinero.  Hace unos días, un reo se saltó una barda con un arma de fuego. “No se sabe para qué”, comenta Martell, “pero seguro tenía una misión”. En su celda encontraron una granada, drogas y más armas de todo tipo.

El gobierno dispone de un plan de emergencia para rehabilitar sus prisiones desde 2010, apenas unos meses después de que el presidente Porfirio Lobo ganara las elecciones. El nuevo proyecto afectaría a nueve de los veinticuatro centros existentes, los más vulnerables. Modernizar San Pedro Sula costaría 100 millones de dólares, calcula el Director de Prisiones suspendido, Danilo Orellana.

“Hay un infierno detrás de esa puerta. No hay control de nada. Los propiosreclusos mandan allí, los guardias ni siquiera se aparecen”, dice el español, que prefiere omitir su nombre por seguridad.

Cuando se le pide a Marthell entrar a las celdas, comenta: “Es bajo su propia seguridad, no puedo asumir esa responsabilidad, quien sabe qué pueda pasar”.

Una ebullición constante

Honduras es como un volcán en activo, el país avisa cada cierto tiempo que la erupción está cercana.

Así sucedió hace dos años cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue secuestrado por un comando militar y sacado del país en pijama en lo que se ha bautizado como el “golpe de Estado perfecto”. El escándalo  y la inestabilidad política terminó siete meses después cuando Porfirio Lobo, el candidato del Partido Nacional que perdió frente a Zelaya en las elecciones de 2005,  fue investido como presidente, heredando los problemas.

El mundo entero se hizo eco de la extravagante tragicomedia de Honduras. El país parecía a punto de estallar, y una vez elegido Porfirio Lobo, las muertes y corruptelas ocuparon de nuevo la escena.

La evolución de los maras, que ahora se han especializado en la extorsión y el secuestro, así como la corrupción policial, hacen imposible salir del agujero negro.

Hace unos meses asesinaron al hijo de Julieta Castellano, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ella exigió justicia sin descanso y la investigación imputó a ocho agentes de la Policía Nacional Civil. Cuatro están detenidos y otros cuatro en busca y captura.

El profesor Castro, experto en pandillas, maras y violencia en Honduras, opina que “en la Policía Nacional Civil hay altísimos niveles de corrupción”. “Se ha comprobado que la policía también delinque, extorsiona, asalta y asesina. No sólo los miembros de la escala básica, sino que también oficiales se han visto involucrados”.

En el caso del hijo de la rectora, unos videos de un negocio cercano resultaron claves. La Policía apresó a cuatro agentes de la comisaría, mientras que otros cuatro escaparon. Apenas unos días después, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, informaba de la detención de 176 efectivos en un operativo contra la corrupción policial. El Estado desarticulaba así al cártel de la Granja, una banda de policías que operaba en la capital y  se dedicaba a robar vehículos, asaltar  viviendas, traficar con droga y cobrar extorsiones.

La lista de corruptelas no para. Hasta agosto de 2011 habían detenido a veinticinco policías por delitos como los anteriores, además de secuestro y sicariato.

Con el incendio, el gobierno ha vuelto los ojos a la situación de emergencia en sus penales. Hace tres meses, los asesinatos de Gustavo Alfredo Landaverde, antiguo responsable de la lucha contra el narcotráfico y del hijo de la rectora, reabrieron otra vez el debate de la corrupción. Casos nuevos que abren las polémicas enquistadas,  demasiados frentes para una Honduras que no responde.

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Pablo Ferri

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