Elecciones de sangre en México

Por Pablo Ferri 

Los comicios presidenciales que se celebrarán en verano llegan marcados por los 47.500 muertos del narco y los miles de desplazados que huyen de la violencia. El PRI podría regresar al Gobierno.

A Nepomuceno Moreno le cazaron conduciendo su camioneta el pasado 28 de noviembre; los asesinos le soltaron siete balazos y le dejaron tirado en mitad de su pueblo, Hermosillo, al norte de México. La falta de Nepo, su afrenta, era trabajar por la justicia y la paz en un país en el que el crimen organizado vinculado al narcotráfico ha dejado 47.500 muertos en los últimos seis años, además de decenas de miles de desplazados.

Fue entonces, hace seis años, cuando el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra alnarco y anunció tolerancia cero con la delincuencia organizada. A punto de concluir su mandato, la violencia campa a sus anchas en el norte del país y los cárteles hacen de las calles su campo de batalla por el control del territorio; entre medias, la Marina y el Ejército tratan de hacerles retroceder y evitar que todo ello afecte a ciudades como Monterrey, uno de los puntales de la economía mexicana.

Pero la política estatal vive ya inmersa en la precampaña electoral. Los mexicanos eligen presidente el 2 de julio y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabeza las encuestas. Tras 12 años en la oposición, el PRI saca más de 20 puntos a sus adversarios de la mano del exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Pero ni Peña Nieto ni sus rivales -Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, y Josefina Vázquez Mota, del Partido de Acción Nacional (PAN), la formación de Calderón- exponen con claridad cómo van a abordar el conflicto ni cómo rebajar la cifra de muertos y encauzar los esfuerzos del Estado en una vertiente más eficaz.

Mientras tanto, decenas de miles de desplazados yacen en el sótano de la precampaña, en las palabras calladas de todos; cientos de familias que han tenido que dejar su hogar por la presión y la extorsión del crimen organizado y que malviven entre el miedo a ser descubiertos y el hastío de vivir encerrados.

Cuando le mataron, Nepo buscaba a su hijo desaparecido. Tenía 17 años y Nepo pensaba que los cárteles de la droga estaban detrás de todo, que sus guerras internas y sus contiendas por el territorio tenían que ver con la desaparición del chaval. Así que se puso a investigar, a preguntar, a tirar del hilo. “Un día fueron a visitarle –explica una fuente cercana al caso–, unos tipos llegaron a su casa y le dijeron que lo dejase estar, que se habían confundido con su hijo pero que así era la guerra en México, que se bajara de huevos”. Nepo no hizo caso y siguió a lo suyo. Recopiló más y más información y publicitó su lucha hasta reunirse incluso con el presidente Calderón. “Generó mucho malestar entre las bandas –narra la misma fuente–, había llevado su caso a las más altas esferas y aquello no gustó”.

Vivir con 20 guardaespaldas.

La mujer y los dos hijos de Nepo hubieron de llorarle en el avión. “Apenas terminó el sepelio, el Gobierno los mandó al DF y de allí a su nuevo hogar”, apunta.  Hablar con ellos resulta imposible. Para intentarlo siquiera hay que pasar por un intermediario que te manda a otro que te indica, finalmente, que se trata de un caso de alto riesgo y que es mejor dejarlo estar. De su situación solo trasciende que entre diez y veinte guardaespaldas les protegen diariamente y que no salen de la casa para nada: ni colegio, ni compras.

Casos como el de Nepo ganan visibilidad poco a poco. El Movimiento por la Paz, azote civil del crimen organizado y de la estrategia de Calderón para combatirlo, calcula que hay más de 1.000 familias en una situación parecida. “Fíjate –explica una fuente cercana a la organización–, hace unos meses, más de 100 miembros de una misma familia tuvieron que dejar su hogar en menos de una semana por las amenazas del narco”.

En julio, varios medios de comunicación nacionales y regionales se hicieron eco de una encuesta elaborada por Parametría que concluía que el número de desplazados producto de la violencia en México superaba 1.650.000 personas. Más tarde, el Centro de Control de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) emitía un informe en que señalaba directamente “la violencia de los cárteles de la droga y la respuesta militar del Gobierno” como responsables del desplazamiento masivo de personas en los Estados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León o Sinaloa, entre otros. Hace apenas dos semanas, el representante de la ONU en México exigía la aprobación de una ley sobre desaparición forzada para el Estado de Nuevo León y, pocos días después, Human Rights Watch denunciaba la ineficacia del Gobierno de Calderón en su guerra contra el narco. “La violencia ha crecido horrorosamente en los últimos años”, criticaba la organización.

El caso de Monterrey.

Alejandro Hope, investigador del Instituto Mexicano de Competitividad, explica que “es difícil estimar el tamaño de la migración, porque esta existe de cualquier manera. No se sabe cuánta gente se va por la violencia o por otras situaciones –añade–, pero algunos datos parecerían indicar que no es un efecto trivial. La matrícula en el campus del Tec, por ejemplo ha descendido de manera importante, mientras que en los campus de otras ciudades ha crecido”.

Hope se refiere al Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más importantes del país, con sede en la capital regiomontana. Los datos del propio centro indican que los campus de Puebla y Querétaro, cercanos al DF, recibieron un 8% más de alumnos de 2010 a 2011; el de Guadalajara, segunda ciudad del país, aumentó su población en más de un 4%. En cambio, el centro original, el de Monterrey, ha perdido 2.000 alumnos en los últimos dos años.

La universidad de Monterrey es solo un ejemplo de las malas noticias que dificultan la vida al Estado de Nuevo León. En los últimos meses la Secretaría de Desarrollo Económico actúa de apagafuegos ante las alarmas de desbandada. Ejemplos: cuando el Instituto Nacional de Estadística, Inegi, calculó en noviembre que los Estados de Chihuahua y Nuevo León perdieron a decenas de miles de profesionales de alto rango salarial, la Secretaría respondió que “es necesario interpretar con cierta cautela las estadísticas, porque muchas personas no quieren decir cuánto ganan por la inseguridad, secuestros, etc. Cuanto mayor sea el nivel de ingresos, mayor va a ser la desconfianza para declararlo”. De la misma manera, cuando sus colegas de Desarrollo Económico del DF dijeron por las mismas fechas que gran cantidad de empresas se habían mudado de los Estados del Norte al DF, sobre todo de Nuevo León, ellos contestaron que de eso nada, y que de enero a noviembre de 2011 la inversión empresarial en el Estado había sumado 1.570 millones de dólares (1.890 millones de euros), 378 (455 millones de euros) provenientes de empresas nuevas. Dolió mucho cuando la prensa destapó a finales de 2011 que una constructora de aviones canadiense había “pospuesto” sus planes de inversión en Nuevo León por el clima de inseguridad. El Estado perdió 3.000 millones de dólares (3.600 millones de euros).

Nuevo León intenta mientras tanto lavar su imagen después de un par de años nefastos, tiempo de sobra para que el crimen organizado incendiase un casino en Monterrey y matase a 52 personas, o para que acabase sin querer con la vida de dos estudiantes del Tec durante un tiroteo.

Así, la asociación de restauradores del Estado norteño explica cada vez que puede que las cosas van a mejor y que la gente sale más a cenar que hace un año; los hoteleros, por su parte, abrazan esperanzados el repunte de la actividad en los últimos meses de 2011. Ambas organizaciones forman parte de Me Gusta Monterrey, un portal virtual que vende la cara amable de la ciudad y las posibilidades turísticas que ofrece: “Nuestra ciudad es algo además de muertos”. Sin embargo, cuando la situación acompaña y se suceden un par de semanas sin tiroteos ni decapitados, aparece Human Rights Watch y dice que todo es horrible.

Son pequeñas radiografías de Nuevo León, apuntes de una podredumbre apenas incipiente que ejemplifica el problema del Gobierno con los cárteles de la droga y el drama creciente de las víctimas colaterales: los muertos y los desplazados. La cuestión ahora es saber qué piensa hacer el Gobierno que salga de las elecciones de julio y averiguar cuánta importancia otorga a las víctimas.

Falta de preparación.

De cualquier forma, hay quien entiende que la clave de todo el asunto yace en la acción local. Fernando Turner, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) argumenta que “el problema de fondo es la falta de preparación de las autoridades locales para organizar una estrategia eficaz de seguridad. El Gobierno federal continúa su ataque frontal, pero hace falta más acción y medios efectivos a nivel local”, añade. Turner, que dirige una empresa de autopartes en Monterrey, opina que “la situación no mejora y el problema es doble: por un lado, los cárteles se disputan la plaza con consecuencias dramáticas, y por otro están la extorsión, los robos, los asaltos”.

Así, todo mejoraría solo con que los gobernadores y alcaldes dispusiesen de medios suficientes para subir sueldos y mejorar la preparación de los cuerpos de policía locales y así evitar corruptelas; o si tuviesen la capacidad de sacar de la pobreza a jóvenes que ven el crimen organizado una oportunidad para vivir mejor; o si lanzasen campañas para evitar la proliferación de chivatos del narco entre taxistas y comerciantes.

Si eso empezara a ocurrir, quizá familias como la de Nepo Moreno evitarían el horror del desarraigo y el encierro. Si eso ocurriese, quizá ni el propio Nepo hubiese tenido que buscar a ningún hijo desaparecido ni se hubiese encontrado con las balas cara a cara.

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Pablo Ferri

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