Por Alejandra Sanchez Inzunza y Pablo Ferri
Ecuador se ha convertido en un punto de transborde marítimo para traficantes colombianos y mexicanos. Los barcos pesqueros son secuestrados o utilizados como estaciones de servicio, y los puertos, el mayor punto débil para el gobierno de Rafael Correa
Marco Sánchez se dedicó durante años a cargar cubetas llenas de pescado desde los botes de sus colegas hasta la orilla de la playa en Jaramijó, un pequeño poblado al lado de San Pablo de Manta o Manta, como se le llama comúnmente a este municipio de la provincia de Manabí, una de las ciudades portuarias más importantes deEcuador.
Marco los limpiaba y llevaba al centro para venderlos, hasta que un día le ofrecieron ser cocinero de un barco pesquero. Tenía 24 años y un hijo. Hacía tiempo que estaba cansado de limpiar pescado y enseguida aceptó el trabajo, aunque su padre, un marinero retirado, le había advertido sobre los peligros del mar: las tormentas, los 18 días o más sin tocar tierra, las enfermedades, los problemas mecánicos. Y sí, también losnarcotraficantes.
En los últimos años los marineros contaban en los puertos de Ecuador historias sobre los narcos, piratas con AK-47 que asaltaban barcos en medio de la noche, los secuestraban para transportar droga o les robaban la gasolina y víveres dejándolos solos en medio de la nada hasta que otro pesquero los rescataba. Según esos relatos, algunos seducían a los pescadores con grandes cantidades de dinero. Aquellos que se enfrentaban a ellos nunca regresaban a tierra.
Marco no titubeó. Decidió integrarse a la tripulación en la que trabajaba su primo Jorge en busca de tollos, peces que abundan en el mar peruano. Su madre había muerto recientemente en Guayaquil, así que el dinero le vendría bien para apoyar a su familia. Cualquier cosa era mejor que vender pescado mientras sus amigos regresaban de altamar.
Una noche oscura, un par de meses después, una pequeña embarcación que supuestamente necesitaba auxilio los abordó. Subieron siete hombres armados. Escondido y sin decir una palabra, Marco Sánchez observó cómo cargaban el barco con paquetes plastificados y maletas llenas de dinero.
—¡O nos ayudan o aquí se quedan! —sentenció uno de los hombres con acento colombiano.
Los pescadores se sometieron frente los asaltantes, que los acercaron hasta otro barco donde dejaron la mercancía. Llevaban radios y sabían perfectamente las coordenadas donde se encontraban. La pequeña embarcación, supuestamente averiada, quedó abandonada.
Antes de bajar, los narcotraficantes le ofrecieron un trato al cocinero novato:
—Ven a cocinar para nosotros. Vas a tener más dinero del que jamás te imaginaste…
Marco Sánchez se quedó callado. Los piratas bromearon diciendo que probablemente no cocinara tan bien y se fueron. Él no recuerda nunca haber tenido tanto miedo. Sólo imaginaba que en cualquier momento lo tirarían por la borda.
—Si uno se mete a eso ganas mucho dinero, pero sólo hay dos salidas: o pierdes la vida o la pasas en la cárcel —afirma el ex cocinero, un hombre delgado, con un bigote de tres días y ojos achinados, que se retiró hace un par de años y hoy trabaja en una lancha-taxi llevando a gente de un barco a otro a las orillas de Jaramijó. Su primo Jorge se fue con los narcotraficantes.
Cuando se adueñaron del mar
Jaramijó huele a pescado. Todo el pueblo gira en torno al mar. Su costa está llena de atuneros, camaroneros, pangas y lanchas rápidas. Los hombres de piel curtida y manos callosas arreglan redes y se preparan para su próxima salida. Se dice que los ecuatorianos de esta zona preservan la misma virtud que sus antepasados —los Hara-miasus y los Hara-way, tribus polinesias que se asentaron aquí hace siglos— de poder navegar a mar abierto durante semanas y regresar sin brújula.
En Jaramijó y en su vecina Manta, donde se encuentra uno de los puertos más importantes del país, así como en otros puntos clave de la costa ecuatoriana como Guayaquil, Bolívar o Puerto Esmeraldas, el narcotráfico se ha instalado desde hace varios años. Hasta 2009, se encontraba en Manta el Puesto de Operaciones de Avanzada de Estados Unidos (FOL por sus siglas en inglés), que durante 10 años realizó unas 7 mil 726 operaciones contra el tráfico de drogas en 11 países del Pacífico y llegó a hundir hasta 46 barcos comerciales en la costa ecuatoriana por su supuesta participación en este ilícito, según la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. El actual gobierno de Rafael Correadecidió no renovar el convenio que Ecuador mantenía con los Estados Unidos desde hacía una década y cerrar la base para hacer de la lucha contra el narcotráfico un asunto nacional, tal como Venezuela y Bolivia, que también prescinden de la ayuda del gobierno estadunidense. Alrededor de la base sólo quedan algunos restaurantes abandonados y cabarets vacíos.
La retirada militar atrajo a más narcotraficantes, principalmente a bandas criminales colombianas como Los Rastrojos y los Urabeños, además de células de cárteles mexicanos como Sinaloa, Golfo y Los Zetas, de acuerdo con Fernando Carrión, profesor investigador de FLACSO, un centro de estudios con presencia continental y sede en Quito. El país que marca la división entre el hemisferio norte y sur se convirtió en una de las principales rutas de tránsito en el mapa de la droga a nivel continental. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que unas 120 toneladas de cocaína pasan por sus fronteras cada año, así como otros químicos necesarios para producir la droga.
SECRETO A VOCES. Narcos ofrecen dinero a los pescadores, pero nadie hace denuncia.
“Nosotros tenemos registrado que 270 toneladas pasan por Ecuador y además en el último año se encontraron 17 laboratorios, la mayoría en Manabí, que es una región con mucha vegetación, de difícil acceso e irregularidades en el terreno”, indica Daniel Pontón, coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad y Democracia.
Ecuador sufre por su geografía. Se encuentra entre dos de los tres mayores productores de hoja de coca, Perú y Colombia, además de ser frontera con Brasil, el segundo mayor consumidor de cocaína. Su costa pacífica es una de las principales rutas de la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Los puertos son el principal punto débil del gobierno de Correa. Cada año salen más de 712 mil contenedores de los puertos, pero sólo un pequeño porcentaje pasa por controles de seguridad. Según el Programa de Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), menos del 2 por ciento que son enviados por el mundo cada año —unos 500 millones— son inspeccionados.
Cuando la FOL estaba en Manta, se hacían numerosas operaciones para detectar embarcaciones ilegales, pero tras su salida disminuyeron. El propio ex ministro de Defensa, José Gallardo, afirmó que la salida de la base estadounidense fue un error porque bajó radicalmente el número de controles aéreos, así como el patrullaje en tierra.
Fue entonces cuando los piratas del narco se adueñaron del mar.
“Hay embarcaciones que te detienen en altamar pidiendo pescado. Se acercan con ese pretexto y entonces te abordan. Si a cierta hora de la madrugada te detienen es porque son traficantes”, afirma Raúl, un pescador que limpia el producto del día antes del atardecer en Jaramijó, mientras su hijo juega en la proa del barco.
Al igual que las otras embarcaciones, los piratas llevan la bandera ecuatoriana para disimular su presencia. Van de bote en bote, transportando droga o dinero, en busca de víveres o gasolina. Algunos roban motores de lanchas, muy cotizados en esta zona. A veces, sólo necesitan camuflarse con otras tripulaciones para distraer a la policía.
Raul Paladines, un manabita entrecano, grueso, de nariz y barbilla anchas, es dueño de Puerto Atún, un territorio privado entre Manta y Jaramijó dedicado a la pesca de langosta, sardina y atún. Sentado a la barra del bar que hay en la terraza de su oficina en el puerto —allí hace fiestas con sus amigos— afirma que tuvo que redoblar la seguridad de sus barcos para evitar a los piratas y contratar agentes privados para que sus embarcaciones no fueran contaminadas. Además, puso cámaras de vigilancia para saber lo que pasaba en altamar.
“Antes cuando un barco se acercaba para pedir ayuda o pescado, que era muy común, uno siempre se paraba para apoyarlo. Había solidaridad en el mar, pero ahora ya no se puede. No sé sabe quién se acerca y si su barco está ‘botado’ —como se dice popularmente a las embarcaciones contaminadas—”, afirma el empresario desde la terraza a orillas del mar, donde se alcanza a ver a una de las últimas ballenas que pasan por la costa durante esta temporada. Al fondo del muelle del puerto, se ven los restos de uno de los atuneros que naufragó unos meses antes.
Paladines sostiene que en las bitácoras de sus barcos sí se han registrado diversos intentos de los narcotraficantes que han querido interceptar sus atuneros. “Afortunadamente no han tenido éxito”.
El año pasado se incautaron 53 toneladas de droga en los puertos ecuatorianos. José Marcos, capitán del puerto de Manta, señala que hay “indicios” de que por la provincia de Manabí sale droga al mar que después se lleva hacia el norte, pero no hay “ninguna prueba” que demuestre que los contenedores que salen de sus muelles hayan sido contaminados.
ECUADOR SUFRE POR SU GEOGRAFÍA. Se encuentra entre dos de los tres mayores productores de hoja de coca, Perú y Colombia, además de ser frontera con Brasil, el segundo mayor consumidor de cocaína. Su costa pacífica es una de las principales rutas de la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.
“En el área marítima conocemos que existen lanchas y bancos dedicados a eso, pero no los hemos podido comprobar. Muchos barcos de pesca se prestan para ser gasolineras flotantes de las embarcaciones de la droga, pero hay mucha distancia del conocimiento oficial a la comprobación legal”. Marcos afirma que en algunos GPS se ha podido rastrear cuando un barco hace varias escalas en distintos puntos del mar, lo cual alimenta la sospecha sobre las gasolineras flotantes. “Una lancha con la capacidad que tiene no llegaría siquiera a Galápagos sino tuviera aprovisionamiento en el mar”.
En 2012, la Policía Antinarcóticos encontró 360 kilos de droga abandonados en la playa Punta Blanca. Dos semanas antes, un alijo de droga anclado de 150 kilos y una captura de dos personas que también transportaban cocaína en La Tiñosa, al sur de Manta. En más de una ocasión los pescadores se han encontrado sacos llenos de droga.
Así pasó el 12 de febrero de 2006, cuando después de un enfrentamiento en altamar entre presuntos narcotraficantes y las autoridades navales, unos hombres que viajaban en una lancha rápida lanzaron al mar paquetes plastificados que nunca fueron recuperados. Pero días después, un grupo de pescadores del pueblo pesquero El Matal, también en Manabí, encontraron unos 20 bultos con cocaína. El caso, que se ha repetido en varias ocasiones, inspiró la película El Pescador, uno de los éxitos del cine ecuatoriano protagonizado por Andrés Crespo, que cuenta la historia de Blanquito, un hombre que tras encontrarse con uno de estos paquetes, decide cambiar su vida y buscar a su padre enfrentándose a los narcos colombianos.
Cambio de vida
La siguiente vez que Marco Sánchez vio a Jorge, meses después del secuestro de su barco pesquero en altamar, su primo conducía un coche rojo último modelo y regalaba dinero a la gente de Jaramijó. Vestía bien, había remodelado su pequeña casa en el pueblo y presumía a todos que había salido de la pobreza y que no tenía que pescar nunca más. No contaba los detalles de su trabajo, se había vuelto violento y llevaba siempre una pistola en el cinturón.
—Llamaba mucho la atención. Ahora todo lo quería arreglar con dinero y no nos hacía caso cuando le decíamos que saliera de eso —recuerda Marco Sánchez, mientras jala la cadena del motor de su lancha.
—¿Y qué pasó con él? —le preguntamos a Marco.
—Hace más de medio año que está en la cárcel —responde tajante.
Desde 2007, las prisiones ecuatorianas se empezaron a llenar de acusados portráfico de droga, muchos de ellos en prisión preventiva. La cifra récord empezó ese año con 18 mil 675 reclusos, según la Organización de los Estados Americanos (OEA) y hasta octubre del año pasado llegaba a 24 mil 203, una cifra que representa más del doble de la capacidad que tienen los reclusorios en Ecuador. Según las autoridades, el crecimiento de la población penitenciaria estuvo directamente relacionado con el incremento de las incautaciones decocaína.
“No hay una denuncia formal que diga que los pescadores son utilizados por los narcos, pero sí hay una denuncia informal, que también proviene de información de inteligencia. Asumo que los traficantes se acercan a los pescadores y les ofrecen dinero, es lo más común, pero no tenemos denuncias”, dice José Marcos, capitán del puerto de Manta.
De vez en cuando, se llega a saber de la presencia de mexicanos y colombianos en estos lugares. En 2012, agrega el capitán, se encontró a tres sospechosos mexicanos en altamar cuando las autoridades navales realizaban un patrullaje en busca de un pescador que cayó al mar. En esos días se encontró un cargamento de cocaína en la bahía de Caraquez.
OBLIGADOS. Temor y carencias llevan a los pescadores a entrar en complicidad.
Fernando Carrión, investigador de FLACSO, sostiene que la débil seguridad portuaria y la corrupción han fomentado que las organizaciones transnacionales se instalen en su país. El pasado 13 de mayo, en Manabí, se estrelló una avioneta con placas mexicanas que volaba sin luces por debajo del nivel de detección de los radares y transportaba una maleta con 1.3 millones de dólares. Una semana después se encontró un laboratorio de cocaína muy cerca del incidente.
“Ecuador se ha convertido en una plataforma internacional de delito. Hemos dejado de ser una simple bodega y un país de tránsito para convertirnos en plataforma para que los cárteles puedan operar desde aquí”, dice el académico que ha hecho estudios sobre el Cártel de Sinaloa y su forma de operar como una empresa trasnacional al estilo de Volkswagen, Nike o General Motors.
Empacar droga, no pescado
En una calle polvorienta del sector La Aurora, a diez minutos del centro de Manta, el grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional allanaba una industria empacadora de pescado por aquellos días. Nadie sabía con certeza qué ocurría, las puertas de la fábrica estaban cerradas y sólo por encima, a través de unos agujeros en la valla, la cuadrilla de periodistas locales lograba unas cuantas tomas para los noticieros de la noche —un par de furgones policiales, chalecos negros, trajes de camuflaje, armas largas. La policía mantuvo silencio hasta el día siguiente, pero los reporteros no tardaron en hacer suposiciones, se podía tratar de una empresa pantalla para el lavado de dinero que proveniera de la droga.
Aquel episodio ocurría en octubre de 2012. Apenas un mes antes, el 30 de agosto, la policía registraba las instalaciones de otras cuatro empacadoras de pescado y meses después, en mayo del año pasado, la empresa Alpusa —empacadora de pescado también— recibía a la policía en su planta de envasado por supuesto tráfico de estupefacientes: la fiscalía había encontrado droga en un contenedor de pescados en Guayaquil días antes y lo relacionaba con ellos. Era la tercera vez que la autoridad registraba Alpusa en poco tiempo, las dos anteriores por supuesto lavado de activos.
Según datos de la Unidad de Análisis Financiero, en Ecuador se lavan 2 mil 200 millones de dólares al año principalmente a través del sector inmobiliario. Los allanamientos a empacadoras de pescado se han convertido en un asunto habitual en Manta. Con 16 empresas en el sector, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales encuentran en la industria del pescado un disfraz ideal: se mueve mucho dinero y los activos ilícitos con facilidad disimulan en ese flujo su presencia.
Por entonces, en octubre de 2012, la presidenta de la cámara de comercio, Lucía Fernández, explotaba: “Aquí el problema es más grave de lo que parece. Cuando descubren droga es porque hubo un mal reparto y alguien sopla. De vez en cuando encuentran algo, sí, pero no hay mérito”. Fernández se mostró nerviosa todo el tiempo.
La oficina de la presidenta de la cámara de comercio queda en el centro de Manta, un tiralíneas de calles en pendiente aireado por la brisa del Pacífico. Meses después de aquella reunión, en agosto del año pasado, la policía detenía a pocos pasos de allí a Jorge Domínguez, alias Palustre, el cabecilla regional de la conocida banda colombiana Los Rastrojos.
Herederos del cartel del Norte del Valle, Los Rastrojos se han convertido en una de las organizaciones más poderosas de Colombia, sobre todo en el Pacífico Sur. En Ecuador, según fuentes de inteligencia policial citadas por el diario El Comercio, Palustre había absorbido las principales estructuras del narcotráfico, controlaba territorialmente el negocio ilícito y lavaba activos a través de empresas fachada.
Antes de su detención, el sicariato, un delito nunca antes visto en Ecuador, comenzó a tener auge en Manta. De 2008 a 2011, la mitad de los mil 100 asesinatos cometidos en Manabí ocurrieron entre Manta, Montecristi y Jaramijó. En 2012 fueron asesinados 62 personas solo en la ciudad —más de 20 por cada 100 mil habitantes, el doble de lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera un nivel epidémico—, tendencia que obligaría al Gobierno de Rafael Correa a mandar al ejército a patrullar la zona.
Además de delincuentes de afuera, la autoridad señalaba a un par de bandas locales, Los Choneros y Los Queseros, como responsables de la violencia en Manabí. Choneros y Queseros libraban una guerra desde 2005, cuando los segundos asesinaron a la mujer de alias Teniente España, líder de Los Choneros. Esta última banda redujo sin embargo a sus contrarios y se hizo con el poder en la región. El presidente Correa dijo de Los Choneros que se trataba de una de las organizaciones delictivas más grandes de la historia de Manabí.
En los últimos años la Policía Nacional ha detenido a decenas de supuestos choneros —la tasa de asesinatos se redujo el año pasado en Manabí—, aunque hay voces en el país que dudan de que estas detenciones sean eficaces. Fernando Carrión, de FLACSO, dice: “aunque la policía cree que desarticularles es meterles en la cárcel, yo creo que meterles en la cárcel es fortalecerles”. Carrión refiere los ejemplos de México y Colombia, donde las prisiones, más que romper sus redes, sirven al crimen organizado y refuerzan sus vínculos.
—Una persona que entrevistamos en Manta nos decía que Los Choneros no son nadie, que son delincuentes comunes, que en realidad quienes manejan los hilos son otros, y que estos otros, los usan. Los Choneros son fuertes. Tanto que están metidos en la policía, en la justicia… Controlan Manabí y Manta, aunque nazcan en Chone —un cantón (o municipio) cercano a Manta, de ahí su nombre. Justamente por el narco y su vínculo con el Cártel de Sinaloacontrolan el puerto.
El viceministro de Seguridad Interna, Javier Córdova, ha afirmado en varias ocasiones a los medios locales que Los Rastrojos, así como el Cártel de Sinaloa, son los grupos que mayor presencia tienen en el país, sobre todo después de la detención de Palustre y de César Vernaza Quiñones, alias El Empresario, que lideraba a Los Templados, una banda supuestamente asociada al cártel del mexicano recién capturado Joaquín El Chapo Guzmán.
El pasado 18 de abril, Vernaza fue detenido en Cali, Colombia, junto con 13 personas más por tráfico de droga, asociación ilícita, homicidio y extorsión, luego de haber escapado dos meses antes de la prisión de alta seguridad de La Roca, en Guayaquil. En esos meses, el capo ecuatoriano había montado dos vídeos en YouTube, en uno de los cuales aparece con camisa amarilla, reloj, cadena y anillos de oro, alegando su inocencia. También amenazó por redes sociales al ministro del Interior, José Serrano. En esa fuga participaron también nueve choneros.
CAUSA Y EFECTO. La población penitenciaria sobrepasó las 24 mil personas internas en 2013, eso representa más del doble de la capacidad que tienen los reclusorios en aquel país, dado el incremento de incautaciones de cocaína.
Desbordada, asustada por los números, la municipalidad de Manta prohibió el año pasado que las motocicletas circularan con más de una persona a bordo en la ciudad. El Gobierno local incluso repartió adhesivos con la leyenda “Moto Segura” para tratar de detener a los sicarios. “Vemos lo que ocurre en México y eso nos aterra. Nuestra sociedad, carente de valores y principios, es presa fácil de la corrupción. Es una gran preocupación del sector productivo”, sostuvo Lucía Fernández.
También Ricardo Delgado, director del diario local El Mercurio y presidente de la Junta Cívica de Manta, señalaba al sicariato como una nube tóxica que se cernía repentinamente sobre la ciudad: “De la noche a la mañana surgió eso, no era costumbre en nuestra ciudad ver acciones violentas. Algo está sucediendo”.
En los días que estuvimos allí escuchamos de las muertes a bala de varios vecinos: el secretario general del sindicato de choferes, Lenin Chiriboga, antecesor del señor Delgado en la Junta Cívica; el joven Byron Alexander Velez, alias El Mellizo: dos tipos en una moto, cinco balas; Victor Alejandro Cedeño, 17 años: dos tipos en moto, en las tiendas el señor Poa, el muchacho quería cargarle crédito al celular…
Así una larga lista. Incluso en internet había anuncios donde los sicarios ofrecían sus servicios: “¿Te molestan los cobradores de tus deudas? ¿No te pagan y se ríen de ti? ¿Quieres librarte de quien te molesta?”.
Muchos manteños sabían que con sólo hacer una llamada o mandar un mail, era posible resolver sus problemas. El sicariato se expandió hasta que el gobierno de Rafael Correa logró bajar los índices de asesinatos el año pasado en la zona con la presencia del Ejército. La ciudad se calmó. Pero en mar todavía hay pescadores secuestrados, barcos abandonados y algún paquete plastificado que se encuentran los pescadores mientras faenan. En los barrios de pescadores que huelen a sal y pescado, entre un aguardiente y otro, los hombres prefieren guardar silencio sobre lo que pasa en altamar. Allí donde están los piratas
