Parados que buscan atajos para sortear la crisis

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Por José Luis Pardo Veiras y Pablo Ferri

Decenas de desempleados españoles colaboran con el narcotráfico transportando droga en su equipaje desde América a España por unos miles de euros. Muchos de ellos acaban en la cárcel. En Perú hay ya 291 en prisión.

Jordi Martínez cenaba en un comedor social de Barcelona cercano a Las Ramblas cuando un desconocido se le acercó. Según recuerda, el tipo se llamaba Ramón, un español de entre 40 y 50 años. Hablaron un rato y enseguida le ofreció trabajo. Mientras mostraba un fajo de billetes, le explicó que era un encargo fácil: solo tenía que volar a Perú y volver con unas maletas llenas de cocaína. A cambio recibiría 12.000 euros. Era febrero de 2008. Había perdido su empleo, llevaba un mes viviendo en la calle y su novia estaba embarazada. Pero lo que pensó que sería una salida rápida a su situación acabó en una condena de siete años en una cárcel peruana.

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Jordi es uno de los 291 españoles encarcelados en Perú. El país sudamericano alberga el mayor colectivo de reos españoles fuera del territorio nacional en el mundo y la mayoría lo son por narcotráfico. Una fuente de la Embajada de España en Perú apunta a la crisis y el desempleo como trasfondo ineludible que explica esta situación. “Hace cinco años eran 80, no más. Y entonces cada mes subía y subía. A medida que se agravaban los problemas en España, aquí se incrementaba el número de detenidos –explica bajo condición de anonimato–. Hace poco salió una chica española en la televisión y explicaba su caso. Decía que su madre tenía un desahucio allá, que tenían deudas y que en la calle, en los bares, te encuentras a gente de la mafia de la droga y que le ofrecieron 5.000 euros para que se llevase unos kilos para allá. La chica, por la gracia, se quedó acá tres años y medio. ¡Es lo que pasa! La mayoría no tienen pinta de pertenecer a ninguna organización. Son gente que en su mayoría proviene de una familia normal y que se encontraba en una situación vulnerable por problemas económicos, por problemas con las drogas”.

Una semana de vacaciones.

Trabajador de la construcción, Jordi perdió su empleo en enero de 2008. Llevaba seis años revistiendo paredes con planchas de pladur. Vivía en Las Ramblas. Le iba bien. Luego se quedó en paro y luego en la calle, sin hogar. Su novia y él recibían ayudas para dormir en un hostal y acudían a un comedor social. Ahí le contactó Ramón. “Empezó a invitarme a cenar, a pagarme el hotel y eso. Al final caí. Mi chica no sabía nada, pensaba que había encontrado un trabajo. Luego llegó el día, ¿no? De viajar. Iba a venir solo, pero mi mujer vino pa’ca conmigo”.

Volaron a Lima el 12 de febrero de 2008. Ramón le había dicho que estarían una semana de vacaciones. Luego alguien les iría a recoger con unas maletas para volver a España. Al principio fue todo rodado, llegaron sin problemas y pasaron cinco días hasta que un taxi fue a recogerles con las maletas. Camino al aeropuerto Jordi le contó a su novia toda la historia. Repitió lo que le habían dicho, que no pasaba nada, que era fácil… “Error”, dice ahora a media voz.

Ya en el aeropuerto de Lima, la policía abrió las maletas y encontró 12 kilos de cocaína, seis en cada una. “Mi madre no se lo creía –cuenta ahora desde la cárcel–. La llamé desde la comisaría, le dije que estaba en Perú y nada… Hasta que se puso el capitán”.

Jordi y su novia fueron detenidos y enviados a prisión preventiva. Ella pasó año y medio en la cárcel y salió. Su hijo nació tras las rejas. A Jordi le tocaron siete años, de los que cumplirá al menos cinco. A estas alturas, Jordi podría haber conseguido ya la libertad condicional.

La perspectiva de salir provocaba una sonrisa en su cara el día de la entrevista. Fue en diciembre, en una celda del enorme penal de San Juan de Lurigancho, cerca de Lima. Cuando pensaba que igual salía pronto, sonreía; luego volvía a la media voz, los ojos furtivos, el gesto de melancolía. Jordi aún recordaba detalles de su llegada al aeropuerto de Lima, de pasar las maletas por la cinta de rayos X, de los nervios, de la habitación donde les llevaron cuando la policía descubrió el contenido de sus maletas. “Te llevan pa un cuarto y te preguntan: ‘¿Sabes lo que estás haciendo?”. Tú lo niegas, ¿no? Hasta que llega un fiscal con un cuchillo de esos y te pincha la maleta… ‘¿Qué es esto?’. Ahí te asustan, te dicen que te van a caer 25 años, que no sé qué…”. Visto en perspectiva, Jordi se dio cuenta de que iba marcado, “me cogen a mí y pasa otro con más. Un cebo. Te das cuenta cuando estás acá, pero bueno”.

En el pabellón 7 de la prisión de Lurigancho, la más grande de Perú y una de las más hacinadas del continente –su población cuadruplica su capacidad–, todos los presos están condenados por tráfico de drogas. Algunos pertenecen a organizaciones criminales y se ayudan entre ellos. Otros, como Jordi, subsisten como pueden. Habla con los periodistas en una pequeña y equipada habitación, la de un narcotraficante peruano, pero cada noche duerme sobre un colchón en el suelo de la tercera planta. En el brazo izquierdo lleva tatuado Aarón, el nombre del hijo al que nunca ha visto; en el derecho, las inictiales de los únicos presos en los que ha confiado: un grupo de españoles que probaron suerte como mulas y que, cumplida su condena, desaparecieron de su vida. “Aquí la gente que te apoya lo hace por interés”, asegura con voz temblorosa.

Un día normal de su condena lo pasa viendo la televisión o haciendo encargos, como transportar ropa, para ganarse unos soles. Dos días a la semana trabaja como camarero en la pollería de Walter, uno de los múltiples negocios que montan los presos para garantizar su bienestar. En la cárcel nada sale gratis. Tuvo que pagar una cuota de entrada de 600 soles –unos 200 euros– a los presos que controlan el pabellón. Cada mes desembolsa un alquiler y gasta cuatro soles más para asegurarse la comida semanal. Jordi, además, confiesa que está “perdido”, como él define a los adictos al crack. Cuando aún no ha llegado a la treintena, sus dientes carcomidos y amarillos, su mirada perdida, su palidez, sus rasgos demacrados y su destrozada dicción lo evidencia. La única ayuda que recibe normalmente un extranjero proviene de la Embajada, pero la adicción a las drogas la suspende. Así que Jordi es un verdadero extranjero en la prisión. Todos los días, asegura, son iguales. Incluso las navidades, en las que si tiene unas monedas baja al teléfono fijo y llama a su madre, porque con su padre, últimamente, ha tenido “problemas”.

“El mayor golpe que se le da a los burriers [así llaman a las mulas en Perú] extranjeros es psicológico. Están solos”, explica un mayor de la División Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro). “Cuando detenemos a alguien nos cuentan que las cárceles españolas son muy bonitas, que parecen hoteles. Lo primero que dicen es que quieren la extradición”. Pero en Perú no existe, la pena se cumple en el país. Como Jordi, los españoles detenidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez acaban primero en la prisión de Sarita Colonia, una verdadera colonia española, luego o permanecen allí o son trasladados a otro penal. En 2012, la Dirandro detuvo a más burriers españoles, 57, que peruanos, 51. Viajar a España, explica el mayor, se está convirtiendo en sinónimo de sospecha, como se han considerado tradicionalmente los viajes con destino a México o Colombia.

Perú es el principal productor de cocaína del mundo, por eso es un lugar tan atractivo para las mafias. Según las fuentes consultadas, un kilo de cocaína en Lima cuesta alrededor de 1.000 dólares (750 euros), en España unos 50.000 o 60.000 (entre 38.000 y 45.000 euros). El año pasado, la policía detuvo en el aeropuerto a 236 mulas y se incautó de unos 1.500 kilos. Normalmente el trabajo lo realizan jóvenes de entre 19 y 25 años, vulnerables y que necesitan el dinero. “El narcotráfico siempre se aprovecha de la ignorancia de la gente”, analiza el mayor.

Miedo a las represalias.

La mayoría de los encargos llegan a su destino, pero algunas personas caen porque se ponen nerviosas y empiezan a sudar. Otras se mueren en pleno vuelo porque las cápsulas que llevan en su estómago con la sustancia se rompen. Unos terceros son anzuelos, material prescindible, para que la policía los capture mientras otros burriers pasan con cantidades mayores. Jordi sospecha que ese fue su caso, pero aun así, como todos, sufrió un acceso de amnesia premeditada cuando le preguntaron para quién era la droga que transportaba. “Lo mejor es callarse y decir mío, mío, mío”, dice Jordi con convencimiento. Lo hace por miedo a represalias y porque si admitiera que trabajaba para una organización tendría que cumplir más años de condena.

La última vez que estos periodistas conversaron con él, ya estaba descontando los días para cumplir los dos tercios de la pena y obtener la libertad condicional. Se cumplían cinco años desde que tomó la decisión de coquetear con el tráfico de drogas. Ahora admite que fue un error, que lo engatusaron. “Cuando salga de aquí quiero arreglar los papeles y volver a España, a casa de mis padres, aunque ya es todo diferente, has estado en la cárcel, la gente te mira”.

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José Luis Pardo

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