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Por José Luis Pardo Veiras y Pablo Ferri

 

 

Aquí se produce la mitad de la mariguana sudamericana. Hay narcos presentes en elecciones, avionetas de cocaína boliviana en pistas clandestinas y atentados por denuncias de tráfico ilícito. Es Paraguay, segundo país productor de Cannabis detrás de México. Y éste, su retratado desde la mirada del colectivo Dromómanos, galardonado este año con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo.

El capitán Óscar Chamorro observa desde hace unos minutos el paisaje de la frontera entre Paraguay y Brasil por la mirilla de su fusil. Esta mañana, en la que el calor aprieta ya con los primeros rayos del sol, viaja a bordo de un helicóptero junto con algunos de sus hombres para erradicar plantaciones de mariguana.

Por el teleobjetivo del capitán, entre los campos de soya o soja y el pasto para el ganado, se cruzan hectáreas y hectáreas de mariguana o Cannabis. Ve algunastempraneras, plantas de 1.80 metros; tradicionales, de 2.20 metros; mentoladas, con 1.50 metros, y mestizas, que alcanzan hasta un promedio de 4 metros de altura. “Los cerros son mejor para plantar, pero también hay en los llanos”, dice este hombre atlético, de pelo cano y ojos azul turquesa.

Se refiere a que el 75 por ciento de la producción de mariguana en Paraguay —segundo país productor de América Latina detrás de México— se encuentra en esta frontera de tierra roja hacia el este. El helicóptero aterriza cerca de un plantío en el que una decena de militares van cortando las plantas con su machete. En una jornada como la de hoy, cada hombre puede erradicar cerca de una hectárea, unas tres toneladas de la planta.

“Ayer erradicamos 270 toneladas. Es la manera más efectiva de luchar contra el narcotráfico. Imagínense ustedes atrapar esa cantidad en ruta”, explica Chamorro, quien no quiere oír hablar de políticas antidrogas como la regulación de Uruguay.

Los 160 efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, llevan varios días acampados en Capitán Bado, una de las poblaciones fronterizas que junto con Pedro Juan Caballero, la capital de la región de Amambay, forma la cuna de la mariguana de Sudamérica.

Fotos: Alejandra S. Inzunza

A las 5:00 de la mañana un convoy de militares y policías antidroga arrancó desde este pueblo de calles de tierra y casas unifamiliares hacia las plantaciones para tratar de impedir que la mariguana prensada de Paraguay siga nutriendo el mercado brasileño, donde un kilo puede costar 400 dólares. También dando satisfacción a la demanda argentina, uruguaya —al menos hasta antes de la aprobación de la llamada Ley 19.172 de Regulación del Mercado de Cannabis en 2013, que legalizala producción, distribución y consumo de la hierba—, y el chileno, en el que por un kilo se puede llegar a pagar hasta mil dólares promedio.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Paraguay produce el 50 por ciento de la mariguana de Sudamérica, algo que equivale al 15 por ciento de la producción mundial.

Chamorro lleva más de una década entre plantaciones del cáñamo índico usado como estupefaciente. Cada año visita unas siete veces esta región para liderar operaciones de erradicación. Entretanto viaja a otros países para seguir su adiestramiento con diferentes fuerzas especiales, como las de la policía brasileña o los SEALS estadounidenses. Ayer vio La noche más oscura, la cinta de Kathryn Bigelow que narra la caza de Bin Laden. “Irrisorio”, dice, cómo en el asalto final, los agentes de operaciones especiales apuntaban a sus compañeros con los fusiles en vez de avanzar con ellos erguidos hacia el cielo: “Nunca puedes apuntar a un compañero porque lo pones en riesgo. No sé quién fue el asesor en la película, pero esa escena no es real”.

Este hombre perfeccionista ha visto cómo los clanes familiares que se dedican al tráfico de drogas se han multiplicado exponencialmente en los últimos años mientras muchos, además, pasaban del negocio de la mariguana al de la cocaína, que llega sobre todo en avionetas procedentes de Bolivia a esta zona sin radares aéreos. “En 2009 teníamos controlados a siete clanes más o menos y ahora no quiero dar una cifra pero son muchísimos más”. Lo que no ha cambiado es la forma en que se operan las plantaciones.

El negocio de la droga en Paraguay lo controlan las dos grandes organizaciones criminales brasileñas, el PCC (Primeiro Comando Capital), que opera el mercado de Sao Paulo y que se ha extendido a otros países como Bolivia y Perú, y el CV (Comando Vermelho), asentado principalmente en Río de Janeiro. Aunque hay paraguayos que manejan sus propias organizaciones, los locales suelen ser meros ejecutores. Las plantaciones las cuidan agricultores de la zona, que duermen unos cuantos días en improvisados campamentos, con un colchón y latas de conserva. En la época de la cosecha —cada cuatro meses de media, aunque depende de la variedad de la planta—, otros pobladores de la región se unen también al negocio.

“Toda la sociedad depende de ese sustento. Ropa, productos para el cultivo. Todos saben lo que se hace y nadie dice nada. Es una sociedad muy particular”, afirma Luis Rojas, director de la SENAD.

La Cannabis aparece también en fincas privadas, pero los dueños guardan silencio ante las amenazas de los traficantes. Una denuncia puede conllevar, por ejemplo, no sólo la muerte de varias cabezas de ganado, sino la muerte del denunciante. Por encima de los cuidadores está el acopiador, que se encarga de almacenar la mercancía de varias hectáreas y contactar con el distribuidor, que ya suele ser brasileño. A partir de aquí la droga transita hacia las esquinas de las grandes urbes de Brasil. “Es un monstruo con una demanda enorme”, dice Rojas.

El capitán Chamorro recibe un aviso por radio y se dirige más allá de la hectárea acordonada por sus hombres. Detrás de unos troncos acostados sobre el terreno, se encuentra un campamento improvisado, un colchón y una tienda de campaña con tela de camuflaje bajo una frágil estructura de madera. Unos minutos antes todavía se veía el humo de una hoguera que no se había acabado de consumir.

“Aquí duermen los cuidadores. En estas operaciones casi no detenemos a nadie. Si sucede, son siempre agricultores. Para hacer detenciones de mandos altos realizamos operaciones de inteligencia. Pero lo único que afecta la oferta es la erradicación”, insiste Chamorro. Los cuidadores saben que la pena en Paraguay consiste en sentencia de entre 5 y 15 años de prisión, por eso huyen cuando escuchan las hélices de los helicópteros.

Pero hay alguien que no pudo escapar de la plantación. Cuando el capitán se dirige de regreso al helicóptero ve a sus hombres arremolinados sobre lo que antes era una planta de mariguana más alta que ellos.

Los militares, ataviados con sombreros y pañuelos en la cabeza para combatir apenas el calor, permanecen inmóviles a pesar de que ya han limpiado la hectárea por completo.

“Quizás sea un aviso para los ladrones o quizá una amenaza para nosotros”, comentan algunos de ellos. En el tallo de una de las plantas han encontrado una calavera…

Fotos: Alejandra S. Inzunza

La estación de radio del senador Roberto Acevedo emite desde el cruce de las calles 14 de mayo y Cerro Corá de Pedro Juan Caballero. Acevedo nació aquí hace 49 años, ha sido concejal y gobernador del departamento de Amambay antes que senador, ahora preside una enorme mesa de reuniones junto a la cabina de producción de la emisora, para recordar uno de los peores días de su vida: una tarde de abril de 2010, cuando él, su chofer, su escolta y su camioneta granate recibieron más de 60 disparos.

“Si te quieren matar te van a matar”, dice Acevedo, un hombre alto, de rizos cortos y hablar resignado, distante en el trato al principio y generoso en los detalles según pasan los minutos. “Me tiraron con AK-47 y M-16, fue terrorífico”. El chofer y el escolta murieron en el acto y el senador, agazapado en el asiento del copiloto, escapó de milagro: las balas apenas le hirieron el brazo. Acevedo y su emisora, Radio Amambay 570 AM, son conocidas en Pedro Juan por denunciar continuamente a supuestos narcotraficantes, principalmente soldados de la organización delictiva brasileña PCC. Hace apenas un par de meses, uno de sus reporteros, Fabián Alcaraz, fue asesinado por unos sicarios cuando salía de la estación de radio, a plena luz del día. Solamente tenía 28 años.

“Aquí en Pedro Juan siempre estuvo la mafia”, explica el senador desde la mesa de reuniones, “siempre existió su padrino, su (Vito) Corleone, pero todo esto del narcotráfico no había. Yo entré a hacerme el ‘Quijote’, a enfrentar como yo creía”.

En Pedro Juan Caballero, una ciudad mediana de 120 mil habitantes, se produjeron el año pasado 106 asesinatos, un 20 por ciento más que el año anterior. En febrero, el juez de garantías regional José Valiente González nos explicaba que los dos primeros meses del año habían sido “terribles, muy sangrientos”, y argumentaba que en parte se debía a la lucha entre los clanes de la frontera, ajustes de cuentas. El juez decía que el negocio del narcotráficose ha “democratizado en los últimos tiempos”, que los clanes de antaño han cedido ante el empuje de los dos grandes grupos brasileños, el PCC y el Comando Vermelho. La línea que divide aquí Paraguay de Brasil, añadía el juez, es “frontera seca”, no hay un río que separe ambos países, lo que facilita el trabajo a los narcos.

Al lado del senador, se sienta Ramón Cantaluppi, amigo suyo, que ha entrado en la sala de la emisora apoyado en unas muletas, media sonrisa en la cara, sonrisa de hombre derrotado que sigue vivo no sabe cómo: los narcos atentaron contra él, le propinaron seis balazos y Cantaluppi. Perdió sólo la pierna derecha. Vive.

El amigo del senador, antiguo director de tránsito de Pedro Juan —partidario igualmente de denunciar a los narcos—, vive retirado desde el 21 de diciembre de 2009, cuando enfrentó el atentado. Recuerda perfectamente algunos detalles de aquel día. Evoca, por ejemplo, la sombra del árbol de mango que hay junto a su casa en la que aparcaba el coche cuando le atacaron; el joven sicario que saltó de la moto para encañonarle. También la ráfaga de disparos.

Su siguiente recuerdo es de 15 días después, en una clínica de Asunción, la capital del país, sintiendo la ausencia de su pierna derecha y los dedos del pie… Ahora, después de recordar todo aquello, lo primero que dice es: “Estamos perdiendo la batalla”.

Pedro Juan es una pequeña ciudad de frontera, ajetreada, humeante, llena de bares. Para los vecinos el centro es la avenida que la separa de Ponta Porá, su par en Brasil, y los comercios —ventas de celulares, de chancletas, de pollo frito— florecen en el entorno. Las calles que se alejan de allí acaban perdiendo el asfalto y ofreciendo la misma tierra color azafrán que marca los 100 kilómetros de camino a Capitán Bado, el mismo tono rojizo que se ve en la parte baja de los autos en los barrios más alejados del centro.

Pero el ajetreo es solo una ilusión de normalidad. Meses tranquilos —cuatro o cinco homicidios—, preceden a sangrías como la del primer cuatrimestre de este año: de enero a abril murieron asesinadas 50 personas. La policía atribuye todos los ataques a sicarios de las bandas criminales.

Aunque lo peor, coinciden Acevedo, su amigo Cantaluppi y el juez Valiente González, es la deriva irreversible hacia la “narcosociedad”, llegar a un punto en que ser narcotraficante implique lo mismo, socialmente, que vender aspirinas o criar vacas.

“Hay un candidato a diputado que es narco, buscado en Brasil por narco”, explicaba el senador amargamente en su estación de radio una tarde de febrero del año pasado. “El 21 va de candidato a las elecciones y va a ganar, eso es así”. Y así fue. El 21 de febrero de 2013, Carlos Rubén Sánchez, alias “Chicharo”, ganó un acta de diputado suplente por el Partido Colorado, la principal formación política del país, ganadora de las elecciones de febrero.

Dio igual que el gobierno brasileño lo buscara por lavado de dinero y ocultación de bienes, o que denunciara este hecho ante el tribunal electoral. “Chicharo” ganó su acta y aun vivió tranquilo unos meses en Capitán Bado. No fue hasta septiembre del mismo año, que agentes de la SENAD le detuvieron allí.

El narcotráfico acecha a la sociedad en Pedro Juan Caballero, se inmiscuye en sectores económicos normalmente ajenos, infecta las charlas de los vecinos, crea y madura su propia realidad ante los ojos de todos. Antes era sólo la mariguana de Capitán Bado, ahora, como dice el juez Valiente González, es mucho más: “Ya hay hasta personas paraguayas con más poder económico, con sus aviones, también con sus pistas de aterrizaje, sus mercaderías”.

Los clanes de la droga importan cocaína de Bolivia para llevarla a Brasil. Una tarde, frente a una tienda de comestibles, un joven que trabaja en el aeropuerto saca sus celulares del bolsillo. Tiene cuatro. Los narcos lo quieren localizable las 24 horas y cada uno le da un teléfono. Él explica que por la naturaleza de su trabajo —que prefiere mantener en secreto por seguridad, al igual que su identidad— no tiene de otra que aceptar lo que le piden, ayudarles a despegar y aceptar el dinero que le dan a cambio. Dice que no hace más que eso, estar en el aeropuerto cuando tiene que “estar y ayudar en lo que tiene que ayudar”. Asegura que no se mete más en el negocio, que no viaja ni trafica con ellos, aunque gracias a su ayuda los narcos salen de Pedro Juan a Bolivia en avioneta, cargan cocaína y vuelven. Seis horas.

“Conozco a pilotos que se ganan 40 mil dólares a la semana en viajes a Bolivia”, afirma este joven paraguayo. Lo dice tomando una cerveza, con el tono neutro y distraído de quien fuera un vendedor de seguros.

El repertorio de chismes de este joven y los vecinos de Pedro Juan trasciende a la cháchara habitual de una ciudad mediana, a los concursos de belleza, los partidos del equipo local o a quién se acuesta con quién. Muchos saben también —y lo comentan— que Cándido Figueredo, corresponsal del principal diario del país en la ciudad, vive en una “casa búnker”, armada de un ejército de cámaras de vigilancia, protegido por guardias privados de seguridad, además de la pistola que lleva amarrada al cinto; que las farmacias son tapaderas para lavar dinero, igual que las casas de cambio; que los narcos compran ganado para limpiar dólares sucios y que a ese ganado le llaman “vacas de papel”.

“Esto está todo podrido”, insiste el senador Acevedo. “La policía, parte de la SENAD también. Es muy difícil y yo prácticamente quedé aislado, no puedo salir. Mi esposa me reclama, quiere ir a una fiesta y yo le digo ‘no puedo ir a una fiesta porque me encuentro con todos ellos’, y no porque yo les tenga miedo, sino porque es desagradable encontrármelos”, enfatiza.

El “Quijote” parece cansado. El mismo Acevedo ha sido señalado en la prensa por tener cuentas en bancos extranjeros y blanquear dinero. “Son intentos de ellos para desprestigiarme. Yo he sido condecorado en Brasil, ¡trabajo con la Policía Federal de ellos!”, ríe amargamente. Y concluye en el mismo tono: “Cuando atentaron contra mí, quisieron dar a entender que se trataba de una guerra entre narcos. Si yo fuera narco no estaría acá, hubiera ganado mucha plata”.

Fotos: Alejandra S. Inzunza

Odilón de Oliveira es un hombre de 62 años, mide 1.60 y tiene un cuerpo compacto pero musculoso. Le gustan los libros sobre la mafia, correr 21 kilómetros a la semana y jugar con sus nietos al lado de la alberca en su casa en Campo Grande, la capital de Matto Grosso del Sur, un estado brasileño del tamaño de Alemania, fronterizo con Paraguay. Pero todo esto lo tiene que hacer con un chaleco antibalas.

El juez más amenazado de Brasil no puede estar un segundo solo. Al menos nueve hombres lo vigilan las 24 horas del día para garantizar que siga con vida. En los últimos 15 años, una larga lista de enemigos ha disparado contra su casa, lo han intentado envenenar. En varias ocasiones ha estado bajo la mira de un francotirador y un día un hombre entró al gimnasio donde corría para cortarle la garganta. El año pasado tuvo que escapar en helicóptero de Ponta Porá, una ciudad separada de Pedro Juan Caballero por una calle y que apenas se distingue de su vecina paraguaya por sus letreros en portugués, por la posibilidad de un atentado. En los últimos ocho años el juez ha confiscado 400 inmuebles, 25 avionetas, 20 mil cabezas de ganado (vacas de papel) y ocho millones de dólares en efectivo, a los narcos que trasiegan en la frontera. “Si tantos maleantes me odian, significa que algo estoy haciendo bien”, afirma con mirada desconfiada el hombre que en tan sólo un año condenó a unos 200 narcotraficantes. Por ello, cada vez que viaja a la frontera con Paraguay, la Policía Federal interrumpe las comunicaciones, cierra las calles y no permite que nadie se acerque. Hace apenas unos años dispararon al puesto militar en el que el juez de Oliveira dormía junto con 50 hombres armados.

Los principales enemigos de Odilon de Oliveira —como el “Rey de la Frontera”, Fahd Yamil, o la familia Morel, que controlaba la droga que entraba desde Paraguay—, viven en Ponta Porá. Odilon de Oliveira desarticuló en la frontera una parte del Comando Vermelho, el grupo que comandaba Fernandinho Beira Mar, el capo de la droga más famoso del Brasil. Se instaló en Capitán Bado a finales de los 90 y con el tiempo decidió apropiarse de todo el negocio de la droga y matar a sus enemigos. Le dio una lógica industrial a la producción de mariguana y los cultivos se extendieron.

“Ahora hay cultivos a cinco kilómetros de Pedro Juan Caballero”, asegura Nelson López, delegado de la SENAD en Amambay. En febrero del año pasado, López comandaba desde Paraguay a un grupo de 12 hombres para cubrir la región entera, un agente para cada 1,000 kilómetros cuadrados, una área casi tan grande como el Distrito Federal. López hablaba desanimado de la frontera seca, esos 250 kilómetros de tierra marginal que separan Paraguay de Brasil en Amambay.

“No tenemos radares ni helicópteros”, decía, “pero hacemos lo humanamente posible”. López contaba su visión del tráfico en su despacho de Pedro Juan. En ocasiones, explicaba, cuando manda a sus hombres a hacer labores de inteligencia, tiene que pedir permiso a la policía brasileña para usar sus carreteras, no quiere que la Policía Nacional les vea en Pedro Juan Caballero: “Increíble la cantidad de gente que está trabajando en esto”. Pedro Juan para él no es una ciudad, es un problema: “ya sabe usted qué dicen: pueblo chico, infierno grande, aquí todos se conocen y tenemos que andar haciendo malabarismos para que no nos conozcan. La única ventaja de acá es que no hay delincuencia común… Sí se matan entre ellos, pero eso es una ventaja, ¿verdad?”.

Brasil es el vecino grande, poderoso y consumidor. Amambay, su zona de trabajo, es el invernadero estratégico de los narcos del otro lado de la frontera. Ambas partes, el grupo especial de la SENAD y los narcos, conocen el departamento como la palma de su mano. “Nos sabemos las parcelitas de memoria”, dice el capitán Óscar Chamorro. El helicóptero en el que viaja el capitán aterriza en el sojal donde la SENAD ha hecho base esta mañana. Los agentes se acomodan en los camiones que les llevarán de vuelta al cuartel de campaña en Capitán Bado.

Con todo organizado, Chamorro aborda un jeep refrigerado y suspira. Los bajos del vehículo se impregnan de la tierra roja de la frontera paraguaya mientras se aleja de los plantíos a los que él y su equipo volverán cada día durante la próxima semana. Según cálculos de Chamorro, erradicarán unas 3 mil toneladas de Cannabis.

En el otro lado de la frontera, el juez Odilón de Oliveira guarda una carpeta con todos las amenazas y planes que varios narcotraficantes tienen para matarlo y que han perpetrado en los últimos años, como los dos intentos de Nilton Cesar Antunes, O Cezinha, un jefe del PCC al que condenó a 28 años de prisión, o el de Aldo Brandao, Alvejado, otro miembro del Primeiro Comando Capital —sentenciado a 30 años— que intentó asesinar al juez un Día de la Madre después de contratar a decenas de sicarios y una avioneta para vigilarlo.

Entre estos documentos, también se encuentran dos grabaciones de Fernandinho Beira Mar. En una el narcotraficante ríe mientras ordena a su gente que le corte las orejas, los pies y los genitales a un joven que se había involucrado con una de sus ex novias. En otra Beira Mar dice por teléfono a un mafioso: “El juez tiene el tiempo corto. No puedo esperar para matarlo”.

*Con información de Alejandra S. Inzunza

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JOSÉ LUIS PARDO, ALEJANDRA S. INZUNZA y PABLO FERRI en diciembre de 2011 transformaron un Pointer 2003 en una sala de redacción. Comenzaron un recorrido por América Latina del que Domingo ha publicado esta serie de reportajes sobre Narcotráfico en la región. Son periodistas de ruta haciendo periodismo ambulante. Síguelos en Twitter:@Dromomanos

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DROGAS: LA RUTA LATINOAMERICANA

El colectivo Dromómanos realiza un recorrido por América Latina para conocer las rutas y los métodos del narcotráfico en el continente. Éstos son los reportajes que, sobre cada país, ha publicado Domingo, y los que estarán en estas páginas próximamente:

Esta serie obtuvo el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2014 y fue finalista del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2013.

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